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La organización Transparencia Internacional y sus capítulos de 13 países de Latinoamérica presentaron un conjunto de propuestas para disminuir el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas que se hacen en estado de emergencia, particularmente en los países afectados por la pandemia del COVID-19.

A fin de atender las necesidades que se presentan en emergencias con la magnitud como la del COVID-19, los Estados destinan recursos programados, pero también es posible que se aprueben presupuestos adicionales. En estas circunstancias, un gasto adecuado y eficiente toma particular importancia porque el mal uso de esos recursos vulnera los derechos de las personas.

Para garantizar el buen uso de los fondos extraordinarios, se proponen las siguientes recomendaciones para las compras y contrataciones públicas que se realicen en el marco de una emergencia:

Transparencia y datos abiertos

Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz, verificable, en lenguaje cotidiano y deben considerar al menos estos 10 elementos:

  1. Información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación (especificaciones técnicas, cantidad y calidad).
  2. Precio unitario y global de los bienes o servicios contratados.
  3. Tipo de procedimiento de contratación utilizado.
  4. Un registro con información del contratado (identidad, ubicación, datos fiscales, etc.).
  5. Justificación técnica y económica para definir la contratación.
  6. Información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato (fecha, lugar, condiciones de entrega).
  7. Población o necesidad a la que responde la contratación.
  8. Mecanismos y elementos para la verificación del cumplimiento de las condiciones de la contratación.
  9. Entidad pública, titular y funcionario responsable de la contratación.
  10. Información sobre los resultados de las auditorías que se realicen a los procedimientos de contratación.

Rendición de cuentas

Adicionalmente, al término de la emergencia, los gobiernos deberán informar sobre los resultados del ejercicio de los recursos, particularmente sobre:

  1. El total de recursos invertidos en la atención de la emergencia, con relación a los recursos autorizados.
  2. Las acciones realizadas con los recursos invertidos.
  3. El número y localización de beneficiarios de las acciones realizadas para atender la emergencia.
  4. Las contrataciones celebradas para atender la emergencia y su estado de cumplimiento.
  5. La evaluación sobre la eficiencia de dichas contrataciones.
  6. Las acciones que se podrían realizar con el presupuesto sobrante, en caso de que lo hubiera.

Puede revisar el documento completo aquí

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